La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que estén en quiebra abre un nuevo capítulo en la crisis del sistema de salud colombiano, tras el fracaso de su reforma en el Congreso.
El anuncio se produjo durante un consejo de ministros, donde el mandatario dejó claro que la decisión responde a la falta de respaldo legislativo a su proyecto, que buscaba transformar el modelo actual de atención en el país.
Sin reforma aprobada, el Gobierno toma medidas directas
El hundimiento de la reforma a la salud dejó al Ejecutivo sin margen de maniobra dentro del Congreso, lo que llevó a la adopción de medidas administrativas como la liquidación de las EPS financieramente inviables.
El Gobierno planea presentar nuevamente la iniciativa el próximo 20 de julio, con la expectativa de que el nuevo Congreso permita avanzar en los cambios estructurales planteados.
Pacientes en el centro de la crisis
Mientras se toman decisiones desde el Gobierno, los usuarios continúan enfrentando dificultades en el acceso a servicios básicos. Las denuncias por falta de medicamentos y retrasos en tratamientos se han vuelto recurrentes en distintas regiones del país.
Familiares de pacientes con enfermedades de alto costo han advertido que, pese a contar con autorizaciones médicas, no logran obtener los medicamentos necesarios, lo que agrava su condición de salud.
EPS intervenidas y bajo presión
Entre las entidades más cuestionadas se encuentra la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno ante sus problemas financieros y administrativos, y señalada como una de las principales fuentes de quejas por parte de los usuarios.
El aumento de reclamos también ha sido documentado por organismos como la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre fallas sistemáticas en la prestación del servicio.
El modelo que propone el Gobierno
La reforma impulsada por el Ejecutivo planteaba un cambio en el rol de las EPS, que pasarían a ser gestoras de salud, mientras el Estado, a través de la Adres, asumiría el control de los recursos y realizaría pagos directos a clínicas y hospitales.
Con este modelo, el Gobierno busca reducir intermediaciones y garantizar mayor eficiencia en la atención, aunque la propuesta sigue generando debate en distintos sectores.