La justicia colombiana continúa avanzando en el esclarecimiento del escándalo de corrupción en la UNGRD. En las últimas horas, un juez de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán, exgerente de ventas de la Corporación Yapurutú, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su responsabilidad en un contrato irregular que comprometía millonarios recursos públicos.
El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato por 29.000 millones de pesos para el suministro de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a comunidades indígenas en La Guajira. Sin embargo, la investigación determinó que el proceso estuvo marcado por irregularidades desde su origen, incluyendo la presentación de documentos falsos para simular la disponibilidad inmediata de los vehículos.
Según el fallo, la supuesta alianza comercial que respaldaba la capacidad operativa de la empresa nunca existió, lo que permitió que el contrato avanzara sin cumplir los requisitos reales. A pesar de esto, se autorizaron pagos por más de 24.406 millones de pesos, aun cuando los carrotanques no estaban listos y seguían en proceso de ensamblaje.
Uno de los hallazgos más graves del proceso fue la confirmación de un sobrecosto superior a los 11.000 millones de pesos. De esta cifra, más de 4.300 millones habrían sido apropiados directamente por el condenado y otro directivo, mientras que el resto habría sido distribuido entre terceros involucrados en el esquema.
El caso ha tenido un fuerte impacto político y judicial, ya que también ha salpicado a exministros del gobierno y a otros exfuncionarios que hoy enfrentan procesos o permanecen prófugos, en medio de uno de los escándalos más relevantes de contratación pública en los últimos años en Colombia.