La empresa Rappi enfrenta una sanción de más de $4.000 millones impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de que se confirmaran múltiples incumplimientos que afectan los derechos de los consumidores en Colombia.
La decisión se produjo tras una investigación que identificó irregularidades tanto en la calidad del servicio como en la información entregada a los usuarios.
Problemas en pedidos y tiempos de entrega
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la entrega de productos en condiciones inadecuadas o diferentes a los solicitados, así como retrasos frente a los tiempos informados en la plataforma.
El caso del servicio “Turbo” fue especialmente relevante, ya que se promocionaba con entregas en 10 minutos que, en la práctica, no siempre se cumplían.
Quejas sin respuesta y atención deficiente
La SIC también cuestionó el sistema de atención al cliente de la compañía, al evidenciar que muchos usuarios no lograron obtener respuestas claras ni oportunas a sus reclamaciones.
En varios casos, las solicitudes ni siquiera fueron gestionadas correctamente, mientras los clientes permanecían largos periodos esperando en el chat sin solución efectiva.
Cobros indebidos y falta de información
Otro punto crítico fue la detección de cobros sin autorización y la falta de claridad en la información sobre membresías, lo que pudo inducir a error a los usuarios.
Asimismo, se encontró que no siempre se informaba adecuadamente el precio por unidad de medida de los productos ofrecidos.
Condiciones que afectaban a los usuarios
La investigación también identificó cláusulas contractuales que limitaban derechos fundamentales de los consumidores, como el acceso a la garantía legal y el derecho de retracto.
Para la SIC, estas condiciones generaban un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios.
La decisión aún puede ser apelada por la compañía mediante los recursos legales correspondientes.