El secuestro prolongado de cuatro funcionarios del Estado por parte del ELN volvió a sacudir el debate político y de seguridad en Colombia a pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La decisión de esa guerrilla de extender por varios años el cautiverio de dos agentes del CTI y dos miembros de la Policía Nacional provocó una ola de rechazo entre candidatos, organismos internacionales y entidades judiciales del país.
La controversia surgió luego de que el Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura armada que opera principalmente en el departamento de Arauca, anunciara que sometió a los cuatro secuestrados a supuestos “juicios revolucionarios”. Según el comunicado del grupo ilegal, los funcionarios fueron “condenados” debido a sus labores dentro de instituciones estatales. Los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025, recibieron condenas ilegales de 60 y 55 meses de cautiverio respectivamente.
En el mismo pronunciamiento, el ELN informó que los investigadores de la Dijin Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados en julio del año pasado, deberán permanecer retenidos durante 36 y 32 meses más. El anuncio encendió nuevamente la discusión sobre el fracaso de los diálogos de paz suspendidos desde enero de 2025, luego de la escalada violenta registrada en la región del Catatumbo.
Las reacciones políticas no tardaron en aparecer. El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que ningún proceso de paz puede mantenerse mientras existan secuestros de civiles y funcionarios. Por su parte, el candidato Iván Cepeda rechazó la prolongación del cautiverio y exigió la liberación inmediata de los cuatro funcionarios. Desde la otra orilla política, Abelardo de la Espriella responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación y prometió endurecer las acciones militares contra los grupos armados ilegales en caso de llegar a la Presidencia.
El rechazo también llegó desde organismos nacionales e internacionales. La Procuraduría calificó como “inaceptable” la decisión del ELN y recordó que ningún grupo armado puede ejercer funciones judiciales ni imponer condenas. De igual manera, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigieron la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados, señalando que este tipo de acciones representan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
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