El Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, departamento de La Guajira, ataque que dejó un saldo de 12 soldados heridos y encendió nuevamente las alertas de seguridad en la región Caribe.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que detrás de este hecho estaría el ELN, organización a la que calificó como un “cartel de asesinos y secuestradores”, señalando que este tipo de acciones terroristas representan una respuesta a los recientes operativos adelantados por la Fuerza Pública contra estructuras criminales en distintas zonas del país. El funcionario manifestó que el atentado constituye una grave violación de los derechos humanos y un ataque directo contra las instituciones del Estado.
De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la prioridad de las autoridades es evitar nuevos hechos violentos y fortalecer las labores de inteligencia para neutralizar posibles amenazas. Por ello, invitó a la ciudadanía a entregar información a través de la línea 157, mecanismo habilitado para recibir datos que permitan anticipar o frustrar atentados terroristas y capturar a los responsables de estos ataques armados. El alto funcionario insistió en que la colaboración ciudadana será clave para avanzar en las investigaciones.
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El ministro también advirtió que, en temporadas electorales, algunos grupos armados ilegales buscan generar miedo entre la población para influir en el ambiente político y social del país. Según indicó, estas acciones pretenden crear impacto mediático y sembrar temor en regiones específicas, aunque aseguró que las autoridades no permitirán que la violencia interfiera en el desarrollo democrático ni en la tranquilidad de los ciudadanos.
Mientras avanzan las investigaciones para determinar cómo se ejecutó el atentado y quiénes participaron en la acción criminal, las Fuerzas Militares mantienen reforzados los esquemas de seguridad en instalaciones estratégicas de La Guajira y otras zonas consideradas sensibles ante posibles amenazas de grupos armados ilegales.