El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de aplicar retención en la fuente a los pagos realizados a través de plataformas digitales como Bre-b, Nequi o Daviplata podría tener efectos negativos en la confianza de los usuarios y fomentar nuevamente el uso del efectivo.
Según López, el objetivo del país debe ser promover la inclusión financiera y reducir el uso del efectivo, que sigue siendo “el gran instrumento de la informalidad”. Sin embargo, señaló que esta nueva retención podría tener el efecto contrario.
“Si bien no cobija todas las transacciones, ya de entrada va a generar una desconfianza en un nuevo sistema que es una gran promesa. Bre-b es un producto adicional que permitiría más transacciones observables, pero con esta medida se desincentiva su uso”, explicó el dirigente.
Los sistemas de pago inmediato no deben verse como mecanismos de fiscalización
López destacó que plataformas como Bre-b deben considerarse herramientas para fortalecer la bancarización y la innovación, no como instrumentos de control tributario.
“En otros países ha quedado claro que no es un sistema para sacarle más tajada a la gente, sino para que más personas transen y esas operaciones sirvan como insumo para el crédito y la formalización”, precisó.
Impacto para los comerciantes y consumidores
El dirigente gremial insistió en que el Gobierno debería eliminar la retención en datáfonos en lugar de extenderla a los nuevos medios de pago.
“Las retenciones son costosas para los comerciantes, especialmente en un momento de tasas de interés altas. Retener hoy implica tener la caja atrapada durante un año o más”, agregó.
También advirtió que la urgencia de recaudo fiscal no debería justificar medidas que terminen afectando la formalización económica y la innovación financiera.
“Esa urgencia de caja termina afectando las cuentas fiscales en el mediano y largo plazo. Lo urgente puede ser enemigo de lo importante”, puntualizó López, al advertir que el déficit fiscal podría incluso superar el 7,1 % del PIB proyectado por el Gobierno.
Costos trasladados al consumidor
Aunque técnicamente la medida no constituye un nuevo impuesto, López explicó que en la práctica su costo termina asumiéndolo el consumidor, ya que muchos comerciantes optan por subir precios o preferir el uso del efectivo para evitar la retención.
“En la mayoría de los casos, el comerciante sube sus precios y quien termina pagando el impuesto es el comprador. Eso lleva a que muchos prefieran operar en efectivo, lo que agrava la informalidad”, indicó.
Finalmente, advirtió que, de mantenerse la medida, el país podría “perder por todos los lados”: se desincentivaría el uso de medios digitales, aumentaría el uso del efectivo y se frenaría la formalización de la economía.