La industria textil colombiana encendió el debate económico al proponer un arancel del 40% y la aplicación de IVA del 19% a los productos que ingresan al país a través del régimen de minimis, una figura que actualmente permite la entrada de mercancías de bajo valor sin pagar impuestos. La medida impactaría directamente a gigantes del comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress, que han ganado terreno en Colombia con precios altamente competitivos frente a la producción nacional.
Vea también: Gobierno exige traslado urgente de ahorros a Colpensiones tras fallo
De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, diariamente ingresan al país cerca de 650 toneladas de productos provenientes de estas plataformas sin pagar aranceles, lo que genera una competencia desigual frente a los fabricantes nacionales. El gremio advierte que esta situación pone en riesgo a más de 142 mil empresas del sistema moda, muchas de ellas micro y pequeñas compañías que dependen de la producción local y que enfrentan altos costos operativos, impuestos y cargas regulatorias.
El presidente del gremio, Guillermo Criado, aseguró que el problema se agrava por los vacíos que dejó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los cuales han sido aprovechados por plataformas digitales para ingresar productos sin las mismas condiciones tributarias que enfrentan los empresarios locales. Según el dirigente, mientras los negocios colombianos deben cumplir con múltiples obligaciones fiscales, estas compañías operan en un escenario que perciben como desigual y desregulado, lo que está debilitando la industria nacional.
Vea también: ‘El vigía’ llega al Museo Romántico: música, historia y cultura en un solo lugar
El gremio también lanzó una advertencia contundente sobre el futuro del sector. Según Criado, miles de emprendedores, talleres confeccionistas, diseñadores y tiendas de barrio están al límite de su capacidad financiera y podrían desaparecer si no se adoptan medidas urgentes. La propuesta del arancel busca equilibrar las condiciones del mercado, proteger el empleo y garantizar la sostenibilidad de una industria que genera miles de puestos de trabajo en el país.
El debate ahora se traslada al Gobierno, que deberá evaluar si adopta estas medidas o mantiene el esquema actual que favorece el crecimiento del comercio digital internacional. La decisión no será sencilla, ya que implica equilibrar los intereses de los consumidores —que buscan precios bajos— con la necesidad de proteger la producción nacional y evitar una crisis en uno de los sectores más tradicionales de la economía colombiana.