El menor necesita con urgencia una remisión especializada y un tratamiento que le permita continuar su recuperación fuera de cuidados intensivos.
La situación de un bebé de seis meses que permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Barranquilla tiene en alerta a su familia, que decidió acudir a una acción de tutela para exigir una respuesta de la Nueva EPS frente a un procedimiento médico que consideran urgente y vital para la salud del menor.
Según explicaron sus familiares, el niño fue diagnosticado con apneas obstructivas con componente central asociadas a una hipertrofia moderada de adenoides, una condición que afecta seriamente su respiración durante el sueño. Debido a su corta edad, el cuadro clínico representa un riesgo importante para su vida y podría generar consecuencias en su desarrollo neurológico si no recibe la atención requerida de manera oportuna.
El caso ha generado preocupación porque, de acuerdo con la familia, el tratamiento recomendado por los especialistas aún no ha sido autorizado, pese a que el menor continúa bajo observación médica en una unidad de alta complejidad.
El estudio médico que necesita para salir de la UCI
Los médicos tratantes determinaron que el paciente requiere de manera prioritaria un estudio de titulación de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP), además del suministro del equipo CPAP que deberá utilizar en su hogar una vez sea dado de alta. Este procedimiento permitiría establecer los parámetros adecuados para garantizar el soporte respiratorio que necesita durante las horas de descanso.
La familia explicó que para realizar dicho examen es necesario trasladar al menor a una institución de salud que cuente con la infraestructura especializada y el personal médico capacitado para desarrollar este tipo de estudios. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no se ha concretado la autorización correspondiente.
Familia denuncia barreras administrativas
Los allegados del menor sostienen que la falta de autorización mantiene al bebé internado en la UCI por más tiempo del necesario. Aseguran que la situación ha convertido un procedimiento médico urgente en un trámite sujeto a procesos administrativos que retrasan la atención requerida.
En el documento presentado ante la justicia, la familia argumentó que la presunta omisión de la EPS vulnera los derechos fundamentales del niño, especialmente por tratarse de un lactante que goza de protección constitucional reforzada. Asimismo, señalaron que el acceso oportuno a los servicios de salud debe prevalecer cuando existe riesgo para la integridad y la vida de un menor de edad.
Mientras avanza el trámite judicial, los familiares esperan que se ordene la remisión inmediata y la aprobación de los procedimientos médicos necesarios para que el bebé pueda continuar su recuperación y eventualmente regresar a casa bajo supervisión especializada.