La Contraloría General de la República emitió un fallo sancionatorio por cerca de 12 millones de pesos contra el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, por no entregar de manera oportuna, completa y formal la información solicitada durante auditorías a proyectos de infraestructura del municipio.

Sanción por obstaculizar control fiscal
La sanción se deriva de la Auditoría de Cumplimiento realizada en 2024, así como del seguimiento a proyectos priorizados dentro de la estrategia Compromiso Colombia. El ente de control determinó que el mandatario respondió de forma extemporánea, incompleta y sin los requisitos exigidos, afectando gravemente las labores de vigilancia fiscal.
Según la Contraloría, la falta de información impidió evaluar de manera adecuada varias obras de infraestructura que presentan fallas, retrasos y posibles irregularidades, lo que comprometió el ejercicio del control fiscal en Sabanalarga.
Incumplimientos reiterados y falta de atención institucional
Durante el seguimiento, el órgano de control evidenció el incumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo, la no atención de visitas técnicas y la reiterada negativa a suministrar información clave por parte del ente territorial.
Estas omisiones, señaló la Contraloría, afectaron directamente la transparencia y la correcta fiscalización de los recursos públicos invertidos en el municipio.
Procesos fiscales millonarios por obras de infraestructura
En el marco de las actuaciones adelantadas en 2025, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 4.241 millones de pesos relacionado con la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdís.
El análisis técnico, financiero y jurídico evidenció deficiencias constructivas, fallas en los diseños, uso de materiales de baja calidad y pagos por actividades no ejecutadas, lo que permitió establecer un presunto detrimento patrimonial.
Adicionalmente, se inició un proceso de responsabilidad fiscal por 460 millones de pesos en las obras de adecuación del patinódromo, donde se detectaron deficiencias técnicas que comprometen la seguridad y funcionalidad del escenario.
Dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría también hace seguimiento al proyecto de canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, contratado por 10.759 millones de pesos. La obra fue declarada de impacto nacional debido a su no finalización y al incumplimiento del objeto contractual.
En 2025, el ente de control detectó hallazgos fiscales por 2.553 millones de pesos en proyectos como la Plaza Central y el mejoramiento del pavimento en la Avenida Bogotá y el corregimiento de La Peña.
En la Plaza Central se identificó un detrimento por 1.494 millones de pesos, debido a obras que no cumplen especificaciones técnicas, falta de supervisión, pagos indebidos y deficiencias en la interventoría. La obra permanece suspendida desde octubre de 2023.
En el caso de la Avenida Bogotá y La Peña, los hallazgos ascienden a 885 millones de pesos, producto de fallas en la planeación y múltiples suspensiones que mantienen las obras inconclusas.
La Contraloría también mantiene seguimiento a proyectos como el suministro de agua potable a los corregimientos de Colombia y Molineros, actualmente suspendido por problemas administrativos y técnicos.
Asimismo, se revisa la situación del Polideportivo Villa Olímpica, entregado en 2015 pero sin funcionamiento, y la ludoteca municipal, que aunque fue terminada, nunca entró en operación y fue vandalizada por falta de vigilancia.