Por Miguel Ramos
La controversia por los bombardeos de Petro expuso una contradicción evidente: sectores que por años exigieron acciones militares duras contra las disidencias ahora cuestionan los mismos operativos cuando el Presidente los ordena. La muerte de al menos 15 menores abrió un debate necesario sobre responsabilidad, pero también dejó al descubierto la volatilidad del discurso político.
Durante décadas, buena parte del espectro político defendió los bombardeos como herramienta legítima contra las guerrillas y disidencias. Sin embargo, ahora que el Gobierno de Gustavo Petro un presidente al que tradicionalmente se le ha señalado de ser “blando” con la insurgencia ordena estos mismos operativos, varios de esos sectores aseguran que son inaceptables.
Esa aparente contradicción alimenta una narrativa de doble rasero: la operación militar es válida dependiendo de quién gobierne, no de sus resultados o impactos.
Medicina Legal confirmó que en los bombardeos recientes murieron al menos 15 menores de edad, víctimas del reclutamiento forzado.
Petro aceptó la responsabilidad política, pidió perdón a las familias y defendió que las operaciones se hicieron para frenar a estructuras criminales en medio de acciones ofensivas.
La reacción pública fue inmediata: mientras algunos sectores responsabilizan al Presidente por las muertes, otros señalan que la misma crítica no se hizo en gobiernos anteriores, donde se justificaban resultados similares como “daños colaterales”.
La Defensora del Pueblo solicitó suspender los bombardeos en zonas donde podría haber menores reclutados. Petro se negó, advirtiendo que detener los operativos permitiría a las disidencias reclutar aún más niños.
La acción militar no es lo mejor, pero si ciertos grupos no quieren la paz, actuaremos, dijo. El mensaje fue interpretado por algunos como una defensa firme del Estado, y por otros como una contradicción con su discurso de paz total.
La representante Katherine Miranda anunció una moción de censura contra el ministro de Defensa.
Sin embargo, varias voces recordaron que en 2019 durante el gobierno de Iván Duque un caso similar terminó con la renuncia del ministro Guillermo Botero, pero sin el nivel de indignación que hoy expresan quienes entonces defendieron la operación militar.
El debate refleja una verdad incómoda: la postura frente a los bombardeos parece cambiar según quién los ordena, no según la protección de los menores reclutados.
Especialistas en conflicto armado advierten que la discusión sobre los operativos debe ser técnica y humanitaria, no oportunista.
La muerte de menores exige revisión, protocolos claros y responsabilidades. Pero también señalan requiere consistencia, porque si ayer se justificaban bombardeos con presencia de menores, no se puede hoy exigir su prohibición solo porque el gobierno cambió.