La crisis en los organismos de inteligencia del país sumó un nuevo capítulo con la renuncia de Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de verse salpicado en el escándalo por los archivos atribuidos a alias ‘Calarcá’, jefe de una disidencia de las FARC.
El nombre del funcionario apareció en documentos incautados por las autoridades en julio de 2024, lo que generó serios cuestionamientos sobre posibles nexos entre estructuras ilegales y miembros del Estado.
Ya había sido suspendido en 2025
Antes de su renuncia, Mejía ya enfrentaba medidas disciplinarias. En noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión mientras avanzaban las investigaciones por su presunta participación en estos hechos.
El propio exfuncionario explicó que su salida busca evitar afectar el funcionamiento de la entidad y permitir que los procesos judiciales avancen con mayor transparencia.
Investigaciones apuntan a presuntos vínculos
Las revelaciones indican que Mejía habría tenido supuestos contactos con alias ‘Calarcá’ e incluso habría facilitado información a las disidencias, lo que representa un hecho de extrema gravedad en materia de seguridad nacional.
En los mismos documentos también aparece mencionado el general Juan Miguel Huertas, quien habría estado involucrado en propuestas para brindar apoyo logístico a estos grupos armados ilegales.
Documentos comprometen a más funcionarios
Una investigación de Noticias Caracol reveló que dentro de los archivos se planteaba la creación de una empresa de seguridad fachada para permitir el transporte de disidentes en vehículos blindados y con armamento legalizado.
El caso ha generado una fuerte reacción en distintos sectores políticos, especialmente por el contexto en el que Gustavo Petro ha impulsado su política de seguridad, mientras las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos.