La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
El informe, producto de una auditoría integral, estableció un total de 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.
El ente de control evidenció deficiencias en la administración de bienes, especialmente en la ejecución de desalojos, elaboración de estimados de renta y procesos de comercialización.
También detectó debilidades en los sistemas de información, insuficiencia en los mecanismos de seguimiento a depositarios y falta de articulación entre áreas responsables de los procesos misionales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron:
- Contratos vigentes sin pólizas exigidas.
- Subarriendos no autorizados.
- Aplicación de descuentos improcedentes.
- Falta de control sobre reparaciones y obligaciones de arrendatarios.
Vehículos almacenados por más de seis años
La auditoría también reveló deficiencias en los procesos de enajenación, comercialización y chatarrización de vehículos bajo custodia de la SAE.
Según el informe, varios automotores permanecen almacenados en patios por periodos superiores a seis años, lo que ha generado costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025, además de pérdida de valor de los bienes.
La Contraloría anunció que realizará seguimiento al plan de mejoramiento que deberá implementar la SAE para corregir las causas administrativas que originaron los hallazgos.