El dolor y la indignación rodean hoy a la familia de Judith Arango Castro, una diseñadora de modas de 43 años que falleció luego de permanecer varios días hospitalizada mientras esperaba una remisión médica de mayor complejidad. Sus allegados aseguran que la mujer necesitaba una cirugía urgente, pero la autorización nunca llegó y terminó sufriendo un infarto que acabó con su vida el pasado domingo.
La tragedia comenzó el pasado 27 de marzo, cuando Judith acudió a realizarse unos estudios médicos y terminó desarrollando una peritonitis, una grave inflamación que complicó rápidamente su estado de salud. Desde entonces permaneció internada en la Clínica Murillo, donde, según su familia, el personal médico hizo todo lo posible para estabilizarla. Sin embargo, el tratamiento definitivo dependía de un traslado a una institución de cuarto nivel donde pudieran practicarle la intervención quirúrgica que requería con urgencia.
De acuerdo con Jacqueline Osorio, cuñada de la víctima, durante más de dos semanas insistieron ante Nueva EPS para lograr la remisión, pero nunca obtuvieron una solución efectiva. La mujer aseguró que agotaron todos los recursos posibles, incluyendo solicitudes formales y llamados constantes, sin que se materializara el traslado. “Hoy tenemos a Judith en un cajón por culpa de la Nueva EPS”, expresó con dolor, al tiempo que pidió que el caso no quede en silencio y sirva para evitar situaciones similares en la región Caribe.
La familia también cuestionó el funcionamiento actual del sistema de salud y la situación de las EPS intervenidas por el Gobierno. Según sus declaraciones, la atención y los procesos administrativos se han vuelto más lentos y complejos. Jenny Arango, hermana de Judith, manifestó que las autorizaciones llegaban con retrasos de hasta cinco días y que, pese a haber presentado un derecho de petición, nunca recibieron una respuesta concreta que permitiera salvar la vida de su familiar.
Judith Arango Castro residía en la urbanización Alameda del Río, en Barranquilla, y dejó tres hijos de 20, 17 y 11 años. Su muerte ha generado nuevas críticas sobre las fallas en las remisiones, entrega de medicamentos y atención especializada en la Costa Caribe, especialmente tras la intervención de Nueva EPS, realizada por el Gobierno nacional el 3 de abril de 2024.
Frente al caso, Nueva EPS indicó que lamenta lo ocurrido y explicó que, en procesos de referencia y contrarreferencia, no solo se requiere la autorización de la entidad, sino también que una clínica de mayor nivel tenga disponibilidad de camas y confirme la recepción del paciente. Según la EPS, eso fue lo que no se logró concretar en este caso.
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