Un teniente del Ejército Nacional y tres soldados profesionales fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en la muerte de un campesino ocurrida el 9 de abril de 2017 en el municipio de Arenal, en el sur del departamento de Bolívar, durante una operación militar contra el ELN.
De acuerdo con el ente acusador, el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García hacían parte de un grupo élite de tiradores de alta precisión adscrito al Batallón de Acción Directa N.° 1 de la Quinta Brigada del Ejército. La misión en curso tenía como objetivo ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido con el alias de ‘Cusi’, quien, según inteligencia militar, frecuentaba esa zona del país.
Durante uno de los desplazamientos en medio del operativo, el oficial habría ordenado interceptar a dos hombres que transitaban por el sector. Según la investigación, los civiles reaccionaron con temor ante la presencia de los uniformados y emprendieron la huida, lo que llevó a que los militares abrieran fuego con sus armas de dotación con el propósito de detenerlos. Como resultado del procedimiento, uno de los hombres murió en el lugar, mientras que el otro fue capturado.
Sin embargo, los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que las víctimas no tenían ningún vínculo con el objetivo militar que se pretendía capturar. De hecho, el presunto cabecilla guerrillero fue localizado en un punto distinto y detenido horas después del hecho, lo que reforzó la hipótesis de una actuación irregular por parte de los uniformados.
El ente investigador sostiene que los militares habrían actuado de manera desproporcionada y en contravía de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, al no identificarse plenamente ni garantizar que los civiles comprendieran la orden de detenerse antes de hacer uso de la fuerza letal.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó el delito de homicidio en persona protegida, un cargo que se configura cuando la víctima es un civil en el marco del conflicto armado.